El Poder Judicial aprobó incorporar a la Procuraduría General del Estado como “actor civil” en la investigación contra la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez, por la presunta contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos públicos.
Con esta decisión, la Procuraduría podrá solicitar una eventual reparación civil a favor del Estado si Chávez es hallada culpable. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud, en un proceso que la Fiscalía calificó de complejo por ocho meses.
Según la hipótesis fiscal, Chávez habría favorecido la contratación de Marco y Flor Sotelo en su despacho congresal, además de gestionar el ingreso de Marco en EsSalud y de Antonio Sotelo en Sunafil Puno. Se le imputan delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.
