Se están tomado importantes medidas contra la delincuencia, en especial para combatir las extorsiones y el sicariato. Sin embargo, estas acciones no servirían de mucho si no se cuenta con un plan bien preparado y estructurado para desbaratar a las bandas criminales dedicadas a estos delitos. Porque no se trata solo de poner más policías en las calles y vigilar los buses de transporte público, pues a los delincuentes les bastaría trasladarse a otros lugares para seguir haciendo sus fechorías, como ya ha ocurrido anteriormente.
Hay que recordar que el año pasado también se implantó el toque de queda en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. ¿Qué pasó? Los delincuentes se mudaron a Comas, Independencia, El Agustino, La Victoria y otros distritos periféricos. Es decir, solo se trasladó el problema de una zona a otra. Posteriormente se tomó la misma medida en Lince y el Cercado de Lima, tal vez en estas dos últimas jurisdicciones los efectos positivos sí se han prolongado hasta ahora, en lo que puede haber influido una participación más activa de los serenos. Pero todos los distritos no son iguales. Ahí hay otro detalle.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha anunciado la creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), que estará compuesto por más de 100 agentes que se dedicarán exclusivamente a investigar y combatir la criminalidad relacionada con la extorsión. En nuestra opinión, esta es la medida más importante, pues de lo que se trata es de identificar, ubicar y atrapar a los integrantes de las bandas de extorsionadores y sicarios para enviarlos a la cárcel.
La instalación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en más de 24,000 buses de Lima también nos parece una medida acertada, pero se precisa de un gran despliegue de tecnología y personal para controlar todo un sistema de monitoreo. Esos equipos, además de grabar los rostros y servir para posibles investigaciones, tendrán un efecto intimidatorio.
Además, es necesario trabajar en coordinación con la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. La congresista Patricia Juárez contaba, en una entrevista con RPP, que el general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, le contó que, de enero a septiembre, de 8000 detenidos en flagrancia, 6000 y picos fueron puestos en libertad.
De qué valdría que la Policía, ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas, atrapen a los delincuentes para que después los jueces o fiscales los dejen libres. Con mano blanda de ninguna manera se podrá luchar contra el crimen organizado. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
