Vuelve la violencia a Puno y queman comisaría y local del Poder Judicial
Hay decenas de heridos por graves disturbios en Juli, capital de la provincia de Chucuito
Hace unos días, la presidenta Dina Boluarte prometió enviar ayuda humanitaria a Puno y se dirigió a los habitantes de esta región como “hermanitas y hermanitos”. Se presumía que la calma se consolidaría tras la tregua de varias semanas por los carnavales, pero ayer retornó la violencia al Altiplano y en la ciudad de Juli, capital de Chucuito, los manifestantes quemaron la comisaría y el local del Poder Judicial.
La jornada de violencia, que dejaría varios heridos, empezó desde temprano. Por las redes sociales se difundieron videos donde se observa que un helicóptero lanza bombas lacrimógenas a los manifestantes. En otras imágenes aparecen cientos de personas que recorren las calles y retan a los policías, en medio de violentos disturbios.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli. “Hasta el momento hemos verificado 16 heridos (10 civiles y 6 de las Fuerzas Armadas) tras enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden y el incendio de la comisaría de Juli”, decía un mensaje difundido por la institución cerca de las 7 p.m.
Por su parte, la Red de Salud de Chucuito, mediante el Ministerio de Salud, informaba que en el Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli eran atendidos cinco heridos: Julia Mamani Anchapuri (62), Sofía Montura (42), Mauro Córdoba Calla (47), Sabino Fernández (73) y Pastor Callacondo Ticona (48), este último con herida de bala.
Posteriormente se informó el ataque vandálico contra la comisaría y la sede del Poder Judicial de Juli, que fueron incendiados y todo su mobiliario quedó reducido a cenizas. El excomandante general del Ejército y excongresista Otto Guibovich afirmó que ya son más de 20 las comisarías quemadas en Puno.
LLAMADO DE ALCALDE
El alcalde provincial de Chucuito, Víctor Raúl Anchapuri, invocó al Ejército y a la Policía Nacional cesar la represión contra la población aimara desarmada, a la vez que solicitó la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para “denunciar la violencia estatal y proteger la vida”.
