Con el fin de garantizar que los candidatos que aspiren a cargos públicos no tengan antecedentes penales, se presentó en el Congreso un proyecto de ley que plantea impedir la postulación de aspirantes con sentencias en primera instancia por delitos dolosos.
La propuesta plantea modificar la Ley de Organizaciones Políticas para incluir un requisito en el proceso de inscripción: un certificado negativo de antecedentes penales y judiciales para todos los miembros de los partidos.
“Es irrestricto que cada ciudadano que pretenda ser militante o fundador a una organización política no tenga ningún antecedente judicial, ni proceso, ni sentencia en primera instancia, ni estar inhabilitado”, dijo la legisladora Norma Yarrow que presentó la iniciativa.
