“Prisión preventiva es un instrumento político”

• Jorge Pimentel dijo que, con el caso relacionado con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, solo se está tratando de satisfacer la presión mediática y política. Indicó que la medida fue revertida en los casos Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El abogado penalista José Pimentel, en entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, cuestionó el pedido de 36 meses de prisión preventiva del Ministerio Público contra Nicanor Boluarte y asegura que con esta medida solo se está tratando de satisfacer la presión mediática y es parte de la politización de la justicia.

¿Considera que el recurso de la prisión preventiva se ha tomado de una forma política?

Definitivamente la figura la prisión preventiva obedece, en los casos mediáticos o políticos, a factores de presión mediática que a factores legales propiamente dichos. Hemos visto a lo largo de estos años la aplicación desmedida, descontrolada, desproporcionada, de la prisión preventiva para casos en los que no necesariamente concurren los requisitos que el artículo 268 del Código Procesal Penal establece. Acabamos de tener una sentencia en primera instancia del caso (Edwin) Oviedo, ha sido declarado inocente después de haber sufrido prisión preventiva por larga temporada. Igualmente fue revertida la prisión preventiva en los casos de Humala, Keiko Fujimori y ya sabemos lo que ocurrió y hasta dónde llegó la medida de la prisión preventiva en el caso de Alan García, que lo condujo a la muerte. La criminalidad organizada en el país está desbordada porque nuestros fiscales o nuestros operadores en derecho se han dedicado más a administrar justicia mediáticamente. No solamente la prisión preventiva, sino que ahora todo se considera crimen organizado y esto solamente puede partir desde un concepto de politización de la justicia y judicialización de la política.

¿Existen elementos suficientes para que el juez Richard Concepción Carhuancho dicte prisión preventiva contra Nicanor Boluarte?

Considero que no existen, a él se le requirió también una detención preliminar, pero posteriormente no fue solicitada la preventiva, ahora lo están haciendo. Considero que no se ajusta a los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, que establece que tendría que haber fundados y graves elementos de convicción para estimar razonable la comisión del delito y en este requisito, en una etapa tan incipiente del proceso que estamos, definitivamente no estaría, no cumpliría este requisito. No podemos tener una administración de justicia que haga diferencias porque constitucionalmente somos iguales; estos delitos deberían cumplir el umbral de superar los 5 años de pena privativa en cuanto a la prognosis de la pena. Además de ello se señala que debería cumplirse el peligro de fuga o de obstaculización. Estos tres elementos tienen que coexistir y de no hacerlo no debería ser dictada la prisión preventiva, tan gravosa que, además, resultaría inconstitucional. Considero que solo se está tratando de satisfacer la presión mediática, la presión política que existe tras un caso relacionado con el hermano de la presidenta Boluarte.

¿Se busca ejercer presión a la gestión de la presidenta?

Es indudable que al politizarse la justicia tenemos algunos representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial que, al parecer, han equivocado su rol y su función y están considerando que desde sus atrios de administración de justicia pueden incidir en la administración gubernamental o política del país. Les recomendaría que renuncien a la judicatura y que se inscriban a una organización política desde donde podrán hacer valer sus derechos políticos, pero la administración de justicia tiene que estar exenta de estos matices porque; de lo contrario, vamos a generar que el país se torne ingobernable. Considero que existe aquí un alto contenido de subjetividad política tras la solicitud de esta medida.

Usted mencionaba la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿esto tiene que ver con la injerencia del sector denominado izquierda caviar?

El sistema de justicia en el Perú ha sido trastocado desde hace poco más de 20 años por esta denominada justicia caviar donde algunas ONG y sus personajes más representativos e incluso sus fundadores se han tornado piezas clave en la administración de justicia. Y en los últimos tiempos no podemos negar que el IDL ha interferido en todos y cada uno de los nombramientos de jueces y fiscales a nivel nacional. Aquel juez o fiscal con el que no están de acuerdo con su nombramiento, sencillamente usaban información mediática para que pueda ser destituido, y pueda ser nombrado el que ellos consideraban más “adecuado”; tanto es así que todos los jueces en materia de derechos humanos y otras especialidades graves no solamente han sido preparados por esta ONG y les dictan cursos de cómo deben administrar justicia, sino que además han pertenecido o pertenecen y están ligados a estas organizaciones, con lo que ya tenemos una justicia prácticamente digitalizada por esta llamada justicia caviar.

“JUSTICIA CAVIAR DEBE SER DESMONTADA”

Para José Pimentel, al interior del Ministerio Público y el Poder Judicial existe gran temor respecto de cómo va a pensar, sobre una sentencia o sobre un pedido o una disposición fiscal, el IDL porque, a su juicio, todo aquello en lo que no se encuentran de acuerdo van a generar una guerra mediática para poder destruir a esos jueces y fiscales. “Lo estamos viendo en los últimos tiempos los fiscales de la Nación solamente pueden responder al designio del señor Gorriti y de lo contrario, incluso, usando los medios de comunicación masivos, destrozan la figura profesional y personal de cualquier funcionario. La administración de justicia del Perú ha sido tomada y sitiada por la justicia caviar que debe ser desmontada con una reforma judicial y fiscal y una nueva legislación”, apuntó.