El Perú, a pesar de sus riquezas naturales y su potencial económico, sigue lidiando con problemas crónicos como la corrupción y la informalidad. Estos flagelos no solo afectan la imagen del país a nivel internacional, sino que también obstaculizan el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
La corrupción y la informalidad son dos caras de la misma moneda. La primera socava la confianza en las instituciones y desvía recursos que podrían destinarse a servicios públicos esenciales. La segunda limita el crecimiento económico, genera desigualdad y dificulta la recaudación de impuestos. Ambas erosionan el tejido social y debilitan el Estado de derecho.
Raíces del problema
Nuestra débil institucionalidad nos hace entender la poca transparencia en las instituciones públicas. La percepción de que los corruptos no serán sancionados fomenta la impunidad. La informalidad se ha arraigado en la economía peruana debido a factores históricos y estructurales. La gran desigualdad económica genera un ambiente propicio para la corrupción y la informalidad. La informalidad como la corrupción son problemas estructurales en el Perú.
¿Qué podemos hacer?
Para fortalecer las Instituciones del Estado, y promover, por ejemplo, la transparencia de cuentas en todos los niveles de gobierno, como fortalecer el sistema judicial y garantizar la independencia democrática de poderes, primero hay que educar. Llámese capacitar a los funcionarios públicos y ponernos exigentes con los perfiles que son los responsables del gobierno del país. Modernizar la gestión pública, como simplificar los trámites administrativos es un objetivo que se encuentra dentro del marco del decreto supremo de Gobierno Digital. Sin embargo, este gran pendiente no se ha sentido ni en su gestión ni en novedad, acciones que la secretaria general de Gobierno Digital de la PCM haya hecho.
Los medios de comunicación que ahora existen muchos en el terreno digital, deben estar al servicio de combatir la impunidad. Los “influencers” “YouTuber” “líderes o creadores de contenido” son los nuevos canales del tratamiento de la información en esta era de mucha ignorancia, tolerancia hacia esta forma de gestionar lo público y este desgobierno.
Educar y empoderar a la ciudadanía es la tarea de este siglo XXI. Fomentar una cultura de la legalidad y la transparencia desde la escuela. Sensibilizar a la población sobre los costos de la corrupción y la importancia de denunciarla. Facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control de la gestión pública. Promover la creación de plataformas digitales para la denuncia de actos de corrupción.
Para elevar el nivel intelectual de los ciudadanos y empoderar a la ciudadanía hay que empezar con recuperar el concepto de República. Creo en un Perú con una República que respete el estado de derecho, sin divisiones, y sin privilegios. Un Perú donde todos seamos iguales ante la ley.
(*) Comunicadora digital, filósofa, periodista colegiada, docente, empresaria, estratega, mujer política del siglo XXI.
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