“Nicanor debe ser investigado en libertad”

• Wilfredo Pedraza dice que Richard Concepción Carhuancho debe ser el magistrado que más políticos ha encarcelado, pero también al que más prisiones preventivas se le han revocado por falta de fundamento en sus resoluciones.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

En entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho es el magistrado que más políticos ha encarcelado, pero también al que más prisiones preventivas se le han revocado por falta de fundamento en sus resoluciones.

Muchos especialistas señalan que la prisión preventiva solo debe darse cuando hay peligro de fuga. ¿Considera que se está cometiendo abuso de este pedido contra políticos?

No me queda la menor duda de que, en este momento, la justicia está absolutamente politizada, preferentemente con los políticos. No hay político que no tenga proceso, ya sea porque hay razón o porque no la hay. Imputarle a Nicanor Boluarte el delito de crimen organizado para perpetuarse en el poder me parece una afirmación poco consistente, porque hay que preguntarse ¿qué poder tenía para perpetuarse? Hay una falla en el uso de la prisión preventiva, y ahora el Ministerio Público está trabajando en temas políticos porque eso le da notoriedad, le da prensa, le da portadas, etc. No digo que no haya que investigar a quienes hacen política e incurren en delitos, pero creo que el uso racional del sistema de justicia en esos temas es lo que corresponde.

¿En este pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte se está tomando en cuenta más el tema político que jurídico?

Tengo toda esa impresión. Hay que investigar, claro. No me queda la menor duda de que en las designaciones de prefectos y subprefectos ha habido dinero. Eso lo conocí directamente en la época de Pedro Castillo, y es probable que esa situación haya continuado. Pero de ahí a imputar hechos vinculados a la formación de un partido, y al propósito de perpetuarse en el poder me parece una afirmación muy gruesa para sustentar una prisión preventiva, porque eso no tiene ningún sustento. Debería ser investigado, pero en libertad.

El caso está en manos del juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Ve posibilidades de que este magistrado no dicte prisión preventiva?

Este juez se ha caracterizado por dictar prisiones preventivas a cuanto requerimiento ha solicitado la fiscalía, y en este caso podría ocurrir lo mismo. Debe ser el juez que más prisiones preventivas a políticos ha dictado, pero también hay que decirlo lo ha hecho sin fundamento, con la mayor arbitrariedad, pero lo más grave es que casi todas han sido revocadas en instancias superiores. Debe ser el juez que tiene el récord más grande de revocatorias en decisiones jurisdiccionales, y eso es preocupante. A un juez se le conoce por sus sentencias, pero su argumentación no tiene sustento usualmente, y por eso sus decisiones se revocan.

Con ese récord de revocatorias ¿cómo es posible que este juez siga teniendo en sus manos este tipo de casos?

El juez Concepción Carhuancho ha logrado cierta legitimidad en un sector de prensa, pero esa legitimidad por razones políticas, no jurídicas. Creo que la difusión de sus acciones con gran cobertura lo han hecho de un hombre temporalmente importante, en el sistema. El dictó prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa, pero cuando el Tribunal Constitucional analizó la resolución determinó que era un juez arbitrario porque no analiza los argumentos de la defensa, violenta todos los principios. Creo que no ha sido cambiado por temor a la reacción de la prensa, a partir de la legitimidad que no goza dentro del Poder Judicial, donde si se dan cuenta que, en rigor, sus decisiones no son las más adecuadas. Sin embargo, hay que decir que ha habido cierta moderación en sus sentencias, al punto de darse cuenta que antes cometió graves excesos.

¿Los procesos del caso Lava Jato tambalean con la decisión de Brasil de prohibir compartir pruebas de Jorge Barata con Perú?

Yo diría que los procesos no se caen, pero sí, esta decisión afecta la tesis de la Fiscalía. La circunstancia de no contar con la declaración de quien fue el actor principal de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, es un factor que no ayuda a la tesis fiscal. Eventualmente, la posibilidad de que se invalide toda la documentación que este señor aportó, en todos los casos, es un factor también importante. Lo que ha ocurrido es consecuencia de lo exacerbado que en el Brasil estuvo al inicio, el grupo de fiscales encargados de la investigación, porque se ha anulado la sentencia de Lula, y ese efecto viene alcanzando a muchos, ahora a Barata y a Mameri, por la razón única de haberse encontrado pruebas ilegales, pruebas falsas, de no haberse custodiado correctamente la documentación, de haberse descubierto que entre el juez y el fiscal dialogaban para emitir sentencias condenatorias, es decir, por la generación de prueba irregular y prueba ilegal.

“HAY CÁRCELES QUE TIENEN HASTA 500 % MÁS DE SU CAPACIDAD”

Existe una iniciativa del Congreso para privatizar el sistema penitenciario, ¿usted ve viable esa posibilidad?

Esta iniciativa viene del año 2015, pero en realidad no pretende privatizar el sistema carcelario, sino abrir espacio para que la inversión privada pueda construir cárceles. Esta iniciativa supone la posibilidad de que el inversor privado, usualmente capitales internacionales, pueda construir un penal, administrarlo o no. Es decir, aportar su capital fresco para dotar a la administración carcelaria de nueva infraestructura. El Estado se presta, el privado construye, luego el Estado lo administra o también concede la administración al privado y se paga en 20 o 30 años. Ese es el mecanismo. Es imprescindible construir más cárceles. Nunca en la historia de nuestro país habíamos alcanzado los niveles de hacinamiento que hoy presentan las cárceles más importantes entre Lima con hasta 500 % más de su capacidad.