Existe el riesgo que el caso Andrés Hurtado (a) Chibolín adquiera un sesgo farandulero. Que el escándalo mediático, con toda su estridencia, devore y oculte aspectos sustantivos de la gravedad que los hechos denunciados contienen. ¡Sería lamentable tal deriva!. Y, por ello, se termine trivializando la actuación criminal de la más grande y audaz estructura de promoción de delitos contra la administración pública – en todas sus modalidades–, que el país haya conocido en los últimos tiempos.
Acostumbrados a la cabalgata de corrupción por los predios del Estado, se cometería un craso error reducir las prácticas chibolinescas a una variante de ésta. No estamos ante políticos advenedizos que trafican colocando a familiares en dependencias públicas. Tampoco frente a la influencia ilícita en contratos estatales procurando beneficios particulares. ¡Nada de eso!. En la versión Chibolín el objeto delictivo comprende cuestiones trascendentales, justamente aquellas expresadas en sentencias judiciales, resoluciones administrativas e investigaciones fiscales de alto vuelo, mucho valor y suma complejidad.
Estas características del chibolinismo criminal explicarían el por qué los primeros implicados están vinculados a la Corte Superior de Justicia de Lima, a la Fiscalía de Lavado de Activos y a la Superintendencia de Migraciones. Asimismo, se entiende también que en estas actuaciones las coimas y los favores consistan en automóviles de alta gama y sumas millonarias de dólares. ¡Aquí no hay lugar para el peseteo!
Pero lo más grave radica en que ello sería la razón de la larga duración de esta estructura criminal. Cualquier persona un tanto avisada tenía conocimiento de los manejos turbios y mecanismos vedados del show chibolinesco. Jamás fue un secreto, pues el espectáculo demandada una amplia difusión. Sin embargo, los organismos dedicados a la persecución del delito: Policía, Fiscalía, Poder Judicial, parecieron no enterados ni dispusieron alguna investigación. Entonces, resulta evidente que hubo un compromiso anómalo y delincuencial de los funcionarios de estas instituciones. Y que ha sido lo suficiente grande y profundo para lograr, con éxito, neutralizar sus competencias esenciales.
No es por imaginación preguntarse si los fiscales y jueces, con la misma obsesión que persiguen la corrupción de los políticos, procederán a tomar medidas contra sus colegas del Ministerio Público y del Poder Judicial. O, en vez de ello, veremos estupefactos cómo estas instituciones se harán de la vista gorda con meros simulacros de investigación. Si así fuera, estaríamos ante la hipótesis que estas venerables entidades, depositarias de la justicia nacional, se encontrarían en una descomposición gigantesca. Una prueba más para exigir la reforma total de estos organismos. Solo así se garantizará la salud de la República.
(*) Abogado constitucionalista.
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