Me opongo a la visita de la Misión de Alto Nivel de la OEA porque atenta contra la soberanía nacional y porque desconfío de su intención. La Carta Democrática Interamericana se activa cuando el sistema político basado en la libertad de un país hemisférico corre riesgo de inestabilidad o es amenazado por un golpe de estado.
Nada de eso ocurre en nuestra patria. Lo cierto es que desde hace un año y medio el pueblo desconfía del gobierno a partir de fundamentos precisos.
Primero, hubo dudas razonables de que en las elecciones del 2021 se cometió fraude; inclusive se hizo una investigación congresal que quedó trunca.
Segundo, la ineptitud administrativa es clamorosa: Castillo reconoció ante la CNN no estar preparado para el cargo, en 15 meses han rotado más de 70 ministros, hay sectores prácticamente paralizados, se han hecho 4 intentos para comprar urea y todos han terminado mal por deshonestidad procesal y, entre otras cosas, se acaba de volver a endeudar al estado en el caso de Petroperú por un total de más de 7,500 millones de dólares.
Tercero, es inédito que la Fiscalía de la Nación haya presentado una acusación constitucional bajo la tesis de que el presidente es cabecilla de una organización criminal que ha asaltado el poder para saquear al estado. El enorme documento incluye 190 criterios de convicción y se tramita bajo las garantías del debido proceso por ante un Parlamento que está en derecho y autonomía de hacer control político para levantar el fuero y remitir el caso a la Corte Suprema.
Cuarto, la libertad de prensa está en peligro. La SIP, el Colegio de Periodistas, el Consejo de la Prensa, IPYS y el caso de PBO demuestran claramente que estamos en vísperas de una dictadura.
Quinto, la nación está asqueada de la catadura moral de Castillo Terrones. Basten como ejemplos el involucramiento de su esposa, su hija – cuñada y sus sobrinos en la mafia gobernante; y el caso execrable de la estafa a los niños con cáncer.
Bajo la Constitución de 1993 (que no fue “hecha” por el fujimorismo sino trabajada multipartidariamente y luego sometida a múltiples modificaciones) es absolutamente normal que se planteen el impeachement y eventuales sanciones como la vacancia, la suspensión o la inhabilitación presidencial.
La OEA ha enviado misiones varias veces. El 2000, cuando se hizo la mesa de diálogo para retornar a la democracia fue la única oportunidad en que los comisionados obraron con equilibrio (participé en las negociaciones y doy fe). De allí en adelante a través de la CIDH ha interferido groseramente: el 2004 para favorecer a Toledo, el 2019 para avalar el autogolpe de estado de Vizcarra, el 2020 para respaldar a Sagasti y agraviar a Merino, el 2021 para “monitorear” el primer pedido de vacancia, etc. Además, durante la última década, por la composición izquierdista, globalista y caviar de sus miembros, la OEA ha recortado la soberanía de nuestro sistema judicial y del Tribunal Constitucional, y ha impulsado barbaridades como la ideología de género.
Ahora, en la aprobación de la visita adelanta su “solidaridad” con el gobierno de Castillo. Eso significa que ha tomado partido, que los visitantes no serán imparciales y que, por tanto, estamos frente a una farsa intervencionista repudiable. Las cosas sean dichas como son y sin edulcorantes.
(*) Analista político
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