A fines de 1865 una vez depuesto el general Pezet, todos los funcionarios más importantes de su gobierno fueron perseguidos y encarcelados, nunca hubo condenas definitivas y todo sirvió para legalizar el nuevo régimen del general Prado. El principal persecutor el fiscal Joaquín Torrico (que acusó a Grau por traición a la patria, al no aceptar ordenes de un extranjero) le tocó nuevamente estar al frente para perseguir a los responsables de los desastres de la guerra de 1879, investigaciones que quedaron en un informe señalando el pésimo gobierno del general Prado. Los que alcanzaron el gobierno después de las guerras civiles de 1885 y 1895 no persiguieron a sus opositores y se dedicaron a reconstruir el país.
A la caída del régimen de Augusto B. Leguía la junta militar de gobierno crea por decreto ley N° 7040 el Tribunal de Sanción Nacional el 31/8/1930 que debería “descubrir los delitos cometidos contra los deberes de función en que hayan incurrido los funcionarios y empleados públicos” durante el régimen defenestrado. Algunos vocales de la Corte Suprema se prestaron para conformar el nuevo Tribunal, cuyos resultados solo fue perseguir a los enemigos políticos.
El régimen de Odría persiguió al APRA y encerró a muchos de sus partidarios, pero no tuvo un sistema judicial persecutor ad-hoc. Lo mismo sucedió con el velascato que al destruir el sistema democrático el 3/10/1968, persiguió a los dirigentes de Acción Popular quienes fueron exiliados unos, mientras otros fueron apresados y después deportados. El sistema judicial también fue afectado y se reestructuró para mal con las consecuencias que hoy tenemos.
El poder político de una dictadura siempre ha querido manejar la justicia a su antojo con el propósito de obtener un aparato represor que les sirva a sus intereses y para el cumplimiento de esa función no faltaron personajes que se prestaban a los requerimientos del gobierno de turno.
Alberto Fujimori se hizo de todo el poder el 5/4/1992 cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Poder Judicial y el Congreso. La persecución contra sus enemigos políticos se determinó en lo que se llamó el RUC sensible, registro creado con la intención de darle legalidad a los millones de soles que se había apropiado Vladimiro Montesinos del Estado constituyendo una persecución sofisticada y utilizado para acceder en forma más rápida a la información tributaria de los opositores al fujimorismo.
Caído el régimen de Fujimori, también se empezó a perseguir a los integrantes de aquel gobierno, y fueron los procuradores quienes tuvieron un exagerado protagonismo. La crisis de la justicia en el Perú se ha agravado por los problemas que hay en el Ministerio Público, institución que se ha visto en pugnas intestinas donde se aplican criterios diferenciados a los altos funcionarios que han ocupado su principal cargo y han colaborado con esas pugnas la Junta Nacional de Justicia. Como hemos visto en este apretado resumen, hubo persecución contra lo delictivo por el abuso del poder y una necesidad de castigar a los responsables de los actos de corrupción de los que eran acusados. Pero todos aquellos que hicieron de ayayeros y turiferarios de los nuevos gobiernos (que se sepa) no se enriquecieron ejerciendo su detestable función.
El desbalance patrimonial así sea algo mínimo, consagra la comisión de aquel delito y bajo esa perspectiva a muchos personajes de nuestra política se les ha perseguido, inclusive hasta privarlos de su libertad por asuntos menores. Por el bien del país y los procesos contra la corrupción esperemos que aquellos que imitaban a Baltasar Garzón o Sergio Moro no acaben como sus imitados y deslinden correctamente su responsabilidad.
(*) Abogado y excongresista.
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