La situación de caos y de crimen en las calles ha llevado al Perú a cambiar 12 ministros del Interior sucesivamente en los últimos tres años. Lo más grave para la Seguridad Ciudadana es que, desde el gobierno de Pedro Castillo, se ha intentado politizar a la Policía Nacional, no sólo con políticas de ideología de izquierda propias del partido político Perú Libre de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, sino también haciendo partícipe a la institución policial de la denominada “politización de la justicia”, proceso de corrupción en el que se encuentra el Perú desde el estallido del caso Lava Jato, implicando judicialmente a todos o casi todos los líderes y partidos políticos, autoridades y ex autoridades del Gobierno Central.
Esta “politización de la justicia” ha llevado al enfrentamiento abierto de los tres poderes del Estado, y está llevando a juicio o investigación a las más altas autoridades en función del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, así como también a miembros del Poder Ejecutivo, incluyendo a la misma presidenta.
En un contexto de total colapso de la Seguridad Ciudadana, mientras el poder Ejecutivo se enfrenta a la Fiscalía de la Nación, la PNP y el Ministerio del Interior entraron al juego de la presidenta Dina Boluarte, politizando a estas instituciones al hacerlas cómplices y partícipes del supuesto encubrimiento y protección del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien, bajo la supuesta protección de Boluarte, ha logrado burlar a la policía durante meses.
EXTORSIÓN: TERRORISMO URBANO
La creciente ola de extorsiones en todo el país ha alcanzado niveles jamás vistos antes en el Perú. Esto ha despertado las alertas en las autoridades y de la ciudadanía, siendo los gremios y los grupos de empresarios parte sensible del problema.
Los transportistas, emprendedores, bodegueros y dueños de establecimientos o negocios son los más afectados. Según la Asociación de Bodegueros, más de 13 mil microempresarios denunciaron robos o extorsiones sólo durante el 2023. Muchos negocios y pequeñas empresas se han vieron obligadas a cerrar no solo en Lima Metropolitana, sino también en las grandes ciudades y capitales de provincias.
LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA
El uso de la legislación antiterrorista para combatir la delincuencia común plantea un desafío importante en términos de equilibrios y garantías. Para mejorar su eficacia y asegurar que se emplee de manera justa, es fundamental que el Estado peruano revise y precise los alcances de esta normativa, asegurando que su uso esté claramente delimitado a situaciones en que existan verdaderos actos de terrorismo, y que la delincuencia común, aunque grave, sea procesada bajo el Código Penal ordinario.
Además, se recomienda que el país fortalezca sus mecanismos de seguridad ciudadana a través de políticas integrales que incluyan no solo una normativa estricta, sino también programas de prevención del delito, desarrollo social y fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales.
La legislación antiterrorista en el Perú tiene un papel crucial en la protección de la seguridad del Estado, pero su aplicación a la delincuencia común debe manejarse con cautela para evitar excesos y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
(*) Presidente de Aprosec.
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