Opinión

La amenaza terminal del gobierno

Por: Hugo Guerra Arteaga

El gobierno le ha puesto la pistola en la cabeza al Congreso de la República: o acepta la cuestión de confianza (CDC) planteada por Aníbal Torres o se avanza en la disolución del primer poder del Estado.

La cuestión es perversa y al mismo tiempo delincuencial. El primer ministro – hitleriano, misógino, radical y evidentemente senil- ha hecho la CDC con el fin de derogar la ley 31399 que refuerza los límites del referéndum porque, de acuerdo a la norma del artículo 206 de la Constitución toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a consulta popular previamente por el Congreso.

El fondo aparente del asunto es que Castillo y su banda delincuencial quieren imponer, sí o sí, una asamblea constituyente para avanzar en su propuesta refundacional del estado peruano. El proyecto, en síntesis, pasa por liquidar a la república liberal bicentenaria para refundarla a manera de un estado socialista, plurinacional y eslabonado con el postulado de la “patria grande” que postulan el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el Runasur.

Pero, más allá de la apariencia, el gobierno intenta romper el estado de derecho para impedir que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación siga su curso, previo levantamiento del fuero al presidente y el pase del caso (de siete carpetas fiscales con 190 elementos de convicción) a la Corte Suprema. Castillo, abrumado por las pruebas y evidencias que lo sindican como cabecilla de la organización criminal que ha asaltado el gobierno para destrozar a la nación ya no sabe qué hacer, está actuando como fiera acorralada, ha cambiado su estilo y su discurso y cada día se torna más agresivo y desafiante. Torres, literalmente desquiciado, se ha convertido en un provocador con maneras propias de un matoncito de barrio: no tiene el menor escrúpulo para tacar cotidianamente a la prensa, es incapaz de controlar su misoginia, su racismo y el azuzamiento violentista al pueblo.

La fallida “Toma de Lima” financiada por el estado con la mano izquierda, la vocería atrevida y confrontacionista de un grupo de ministros alucinados que olvidan que pronto serán procesados de acuerdo al artículo 128 de la Constitución y la farsa de la misión de la OEA que llegará a Lima este domingo son parte del proyecto para terminar de reconvertir al régimen en una dictadura. Y es que no podemos ignorar que el guión del modelo venezolano aquí se está cumpliendo paso a paso, detalle a detalle, bajo la asesoría cubana.

La respuesta frente a esta arremetida tiene dos niveles. Primero el Congreso debe declarar como improcedente la CdC y enviarla al archivo. Al mismo tiempo debe continuar con los procesos orientados a la inhabilitación, suspensión o vacancia de Castillo; para lo cual necesita mejorar su asesoría jurídica e impedir la acción de más topos como el del renunciante procurador que hizo tremendo papelón ante el TC en el caso de traición a la patria. Williams, además, debe exigir protección real para el Congreso a las FF.AA. y la PNP.

A su turno la calle tiene que dar muestras de una dinámica más enérgica. La marcha del 20, la jornada de lucha 21 y el paro nacional del 22 tienen que ser exitosos. Estamos en el omento probablemente final del desastre. Y que la presencia de los comisionados de la OEA sirva para demostrar que el Perú no está en crisis, sino que la democracia y la justicia están enfrentando a una banda criminal.

(*) Analista político

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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