Me da pena decirlo, pero no podemos dejar de hacer mención al hecho de que nos encontramos frente a graves denuncias por parte de la Fiscalía respecto a supuestos hechos delictivos que habría cometido y sigue cometiendo el presidente de la República, Pedro Castillo, además de su más cercano entorno amical y familiar. Esto incluye a ministros y funcionarios público que viene ocupando importantes cargos. O sea, no vacilan en nombrar gente allegados a ellos y estamos frente a una situación muy lamentable, sobre todo porque vemos que pretenden en todo momento una impunidad bajo el pretexto de que al presidente no se le puede investigar.
Eso es complemente falso porque la Corte Suprema y los especialistas en procesal penal y constitucional han acreditado que Pedro Castillo sí puede ser investigado, aunque no acusado sin ningún impedimento constitucional. De tal manera que queda al desnudo que no tiene razón aquellos que aseguran que el presidente no puede ser investigado.
Frente a esta situación, ya están insinuando llevar adelante la insurgencia, vale decir un golpe de Estado para tomar el poder de la mano con sus pocos allegados que le quedan solicitando que se cierre el Congreso.
El objetivo de fondo es lograr una Asamblea Constituyente para quedarse indefinidamente en el poder, tal como ocurre en Nicaragua, Cuba o Venezuela.
Los peruanos no podemos permitir que ocurra esto bajo ningún punto de vista; no podemos seguir bajo la administración de personas que están cometiendo hechos delictivos descaradamente sin si quiera guardar las apariencias.
Son decenas de funcionarios cercanos a Castillo que de alguna u otra manera están involucrados en apto de corrupción.
(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima
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