Desde aquel 24 de diciembre de 2017 en que Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle el indulto a Fujimori, se desató la crisis de gobernabilidad que hasta el día de hoy no termina. Esta sorpresiva medida quebró la bancada fujimorista cuando un grupo de sus integrantes pasó a ser el apoyo del débil gobierno de PPK; a estos tránsfugas se les llamó “los avengers” quienes no contentos con su conformación decidieron reclutar más adeptos y en esas negociaciones aparecen los “Mamani videos” donde se aprecia que intentan comprar el voto del congresista Moisés Mamani.
La propalación de los “Mamani videos” hizo caer el gobierno de PPK y por sucesión ocupó la presidencia el 1° vicepresidente Martín Vizcarra, durante su mandato el Poder Judicial revoca el indulto el 3 de octubre de 2018 y Fujimori regresó a prisión agudizándose las fricciones entre ejecutivo y legislativo hasta el quiebre del estado de derecho el 30 de setiembre de 2019, cuando Vizcarra decide disolver el Congreso al verse acorralado por el escándalo de Odebrecht y convertirse por unos meses en dictador, gobernando sin ser fiscalizado.
Con Fujimori preso, las aguas no se calman Vizcarra es vacado y vimos pasar a Merino, Sagasti, Castillo y ahora nos gobierna la señora Boluarte. En todo este tiempo la defensa de Alberto Fujimori continuaba por restablecer el indulto otorgado por PPK hasta que el Tribunal Constitucional falla favorablemente el 5 de diciembre de 2023 y Fujimori es liberado.
Todo este proceso obedece a que el país no debería permitir que un ex mandatario acabe sus días en prisión como sucedió con Leguía quien sufrió una dura carcelería, a diferencia de Fujimori quien tenía todas las atenciones para su salud. De esta forma el expresidente regresa a su casa a fines de 2023 y vuelven a generarse nuevos problemas.
El indulto había sido otorgado por razones humanitarias, veíamos en redes sociales cómo el ex presidente o ex dictador casi agónico mandaba mensajes a sus seguidores diciendo: “por favor no me maten”; “mi corazón está demasiado débil”; “no me condenen a muerte, ya no doy más”. Y lo primero que hace una vez restablecido el indulto humanitario, fue en salir a la calle y brindar entrevistas, encontrándose restablecido y en forma.
La ola de indignación de un sector importante de la población no se hizo esperar, fue en aumento cuando se conoció que Alberto Fujimori iba a candidatear y ser el motor de la campaña política para el 2026. Para concluir toda esta gama de inconsistencias Fujimori, “el indultado”, solicita al Congreso su pensión vitalicia como ex presidente constitucional, teniendo condena vigente.
Fujimori cerró el Congreso en 1992 y anuló la senaduría vitalicia para los expresidentes constitucionales supuestamente queriendo destinar esos recursos a los maestros. Según su propio testimonio su corazón está débil, entonces ¿cómo es posible que quiera postular a algún cargo de elección popular y resistir una campaña desgastadora? Además, se debe considerar que por tratar de eludir la extradición desde Chile Fujimori postula a una curul del Senado japonés haciendo prevalecer su nacionalidad de línea sanguínea rechazando su cualidad de expresidente.
Todo esto nos indica que el expresidente Fujimori no está bien asesorado y antes de favorecer o beneficiarse de estas medidas inconsistentes, va a perjudicar y desmoralizar a sus seguidores, porque se aprecia con suma claridad la conveniencia de obtener un beneficio que por ley no le corresponde.
(*) Abogado y excongresista.
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