Opinión

Ante el doble jaque

Por: Hugo Guerra Arteaga

Al momento de cerrar esta columna no tengo forma de saber cómo habrá discurrido la llamada “Toma de Lima”, pero es evidente que se trata de una maniobra coordinada entre el gobierno, los sectores vinculados al senderismo y la izquierda radical para un solo objetivo: cerrar el Congreso de la República.

La intención es clara no solo por lo que dicen los manifestantes energúmenos, sino porque su venida a Lima ha sido organizada y financiada por el Ejecutivo a través de su red de prefectos y organizaciones de base que lucran del estado por canales indirectos. Detrás de todo esto hay, además, un plan claro de avanzar a la dictadura de Castillo. Así Torres primero pretende hacer improcedente cuestión de confianza so pretexto de exigirle al Parlamento que apruebe un plan de gobierno que ya ha sido descartado; luego se insiste con una artimaña judicial para intentar bloquear las denuncias constitucionales que están en curso; y mientras tanto se recurre a la farsa de la visita de la misión de la OEA con la intención de victimizar al régimen.

En paralelo se sigue azuzando al pueblo, Castillo se comporta como un bellaco imitador de Velasco Alvarado; y se confronta abiertamente a la prensa independiente al punto que el senil Aníbal Torres ha caído en un gravísimo arranque de misoginia insultando a la periodista Sol Carreño.

Lo peor, sin embargo, está por venir. Después que se vayan los comisionados de la OEA y que emitan un informe “solidario” con Castillo, éste se sentirá legitimado dentro de su absurda acusación de que enfrenta a un complot y un golpe de estado; y desde esa nueva posición probablemente intentará reprimir a la oposición con el concurso de una policía cada vez más sumisa y con sectores del ejército que están aceptando mansamente el pase al retiro nada menos que de los oficiales que encabezaron hace pocos meses la valiente Operación Patriota en el VRAEM.

A estas alturas las vías de solución se angostan. La vacancia presidencial, aunque mantiene su vigencia de principio, parece remota porque la corrupción de los ¨niños” en el Congreso es mucho mayor que la divulgada hasta ahora. Por tanto, las opciones más rápidas y con requisito de votaciones menores son la suspensión o la inhabilitación de Pedro Castillo. Y hay una causa en particular que puede ser detonante: la acusación por traición a la patria, que hoy mismo debe ser votada en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales puesto que ya tiene un informe listo.

Si realmente hay voluntad política, el caso puede pasar rápidamente a la Comisión Permanente y de allí al pleno donde se requeriría de una mayoría simple para sancionar con inhabilitación por cinco años a quien se atrevió a poner en riesgo la integridad territorial del Perú.

La alternativa, como ya he sugerido varias veces en este espacio, es aplicar el artículo 114.1 de la Carta de 1993 en concordancia con la Convención Anticorrupción de la ONU y darle trámite a la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación. Con ello se podría suspender a Castillo, remitiéndolo a proceso por ante la Corte Suprema.

Así las cosas, el gran resumen es que estamos ante un doble jaque: el gobierno corrupto puede intentar disolver el Congreso y convertirse en dictadura; y el Congreso puede reaccionar y devolver la normalidad democrática al país. El triunfo será de quien dé el primer paso. Pero, ojo, muy probablemente será inevitable que el desenlace se de en medio de mucha violencia específicamente promovida por los infiltrados de Sendero y el MRTA, quienes desde ahora son los infiltrados en las manifestaciones callejeras en Lima.

(*) Analista político

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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