En más de una oportunidad, en esta tribuna hemos mencionado que muchas organizaciones criminales son dirigidas desde las cárceles y que es ahí donde debe empezar la investigación para desbaratarlas y, de esa manera, al menos, reducir la ola delincuencial que está desatada. Desde el año pasado se vienen realizando operativos en los alrededores de los penales Castro Castro y Lurigancho para desinstalar antenas receptoras y retransmisoras de wifi, pero el problema continúa. Los cabecillas de bandas siguen chateando a sus anchas desde sus celdas.
Hace unos días, en una vivienda de Ancón se encontró un sistema completo de transmisión de señal de wifi con antenas parabólicas apuntando hacia el penal Ancón 1, que está a pocos metros del lugar. El inmueble estaba deshabitado y, al parecer, solo servía para el funcionamiento camuflado de las antenas. En este caso, no basta desinstalar equipos y cortar cables, pues se ha encontrado el hilo de la madeja que nos puede permitir, con un trabajo de investigación, identificar a los miembros de la banda que se encuentran tanto dentro como fuera de ese centro de reclusión.
Para empezar, hay que interrogar al propietario del inmueble o, si la vivienda es alquilada, hacer lo mismo con los inquilinos. Tal vez el dueño no sabía para qué era utilizada su propiedad, pero conocía a la persona que se la alquiló. Y esta, definitivamente, sabía quién ordenó instalar las antenas. Y esta, tiene conexión o es integrante de la banda. Así, cada eslabón de la cadena conduciría a los detectives hasta el mismo cabecilla.
Ahora bien, para usar esa señal de wifi, los reclusos necesitan equipos celulares recargados mensualmente. ¿Cómo los consiguen? ¿Cómo pasan esos teléfonos por la puerta del penal pese al “estricto control” que se supone hay? ¿De qué manera tienen la batería bien cargadita esos celulares? Es irónico que con dinero de todos los peruanos se pague al personal de una cárcel en la que dejan ingresar equipos móviles para que los presos ordenen asaltos, secuestros y asesinatos.
Los grandes enemigos de la lucha contra la delincuencia son, definitivamente, la ineficiencia y la corrupción. No basta poner más policías en las calles. Falta efectividad y honradez. Un celular incautado a un recluso, por ejemplo, debería ser considerado como una “mina de oro” para un detective, porque tiene información valiosísima para desbaratar una banda. ¿A dónde van a parar los celulares incautados en las requisas? ¿Al laboratorio de la Policía de Alta Tecnología? ¿O se hacen humo? Ahí está el detalle. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
